Nick Clegg, quien fue viceprimer ministro del Reino Unido entre 2010 y 2015, ha capitaneado una campaña para modificar la política de los países europeos contra el consumo y tráfico de drogas ilegales. Resumimos aquí sus principales argumentos:
El 19 de abril de 2016, los países que integran las Naciones Unidas celebrarán una sesión especial en Nueva York para debatir el futuro de la política mundial en materia de droga.
La última vez que se celebró un acontecimiento de esta importancia, en 1998, la reunión estuvo dominada por la estrategia del Gobierno de Estados Unidos, aún consistente en la llamada Guerra contra las drogas concebida por Richard Nixon en 1971. Los Estados miembros entonces congregados, se comprometieron solemnemente a alcanzar el objetivo de un mundo libre de drogas en 2008.
Pero en 2015 no sólo no se han erradicado del planeta la producción, el suministro y el consumo de drogas ilícitas, sino que el tráfico sigue creciendo y aportando miles de millones de dólares al crimen organizado. La violencia en los países de origen y de tránsito se ha disparado y en todo el mundo se sigue persiguiendo y encarcelando a millones de consumidores de drogas, lo cual sólo sirve para arruinar vidas y no tiene ningún efecto disuasivo.
Por eso, en los últimos años ha ido consolidándose un movimiento mundial partidario de hacer reformas. Encabezados por los gobiernos de los países latinoamericanos que más han sufrido las consecuencias, políticos de todo el mundo han empezado a poner en tela de juicio las políticas actuales. No se trata de una carrera alocada para dictar nuevas leyes, sino de un debate paciente y racional sobre enfoques alternativos que permita mitigar los daños. En Estados Unidos, la tolerancia cero y las condenas masivas han dejado paso a la voluntad de permitir que los estados experimenten con modelos reguladores diferentes, y en Europa, los gobiernos han tenido tendencia a emplear una estrategia más equilibrada y más relacionada con la salud.
El objetivo de los partidarios de una reforma progresista está claro: acabar con 50 años de políticas y estrategias centradas en la represión y el castigo como solución al problema de las drogas, y sustituirlas por otros métodos que den prioridad a las mejoras en materia de salud, derechos humanos y seguridad. Las normas actuales de la ONU están anticuadas, son producto de una época en la que Estados Unidos y otros países defendían una misma política prohibicionista para todos los casos y están impidiendo llevar a cabo las innovaciones que tanta falta hacen.
Sin embargo, entre los Estados miembros de la ONU no hay un acuerdo general sobre el rumbo futuro de la política internacional sobre las drogas. Algunos países están decididos a aplicar nuevas estrategias, pero otros, como Egipto, Pakistán y Rusia, están deseando aprovechar la cumbre para consolidar el statu quo. Si bien el objetivo a largo plazo debe ser crear un marco que permita reformas sensatas y basadas en datos, no está previsto que se discuta en estos momentos el texto de los tratados de la ONU sobre este tema (que debe aprobarse por consenso). Ahora bien, lo que sí puede estar a nuestro alcance son vías de acción como una campaña internacional para reducir el castigo de los consumidores; el compromiso de eliminar la pena de muerte para delitos de droga; la ampliación de los programas de tratamiento y salud pública para mejorar la salud, la inclusión social y la seguridad; y una cooperación internacional que no impida experimentar con nuevos métodos sino que los facilite.