Según las conclusiones del informe ‘La crisis global del dolor evitable. El impacto negativo del control de los medicamentos en la salud pública’, los analgésicos opioides están vetados o muy restringidos en 150 países, mientras que el 17% de la población mundial tiene acceso al 92% de la morfina. Y es que el dolor también está mal repartido. Y, como casi todo lo malo, los pobres lo sufren más que los ricos. Aunque no siempre es una cuestión de dinero, sino de voluntad política.
El documento, elaborado por la Comisión Global de Políticas sobre Drogas (GCDP), indica que alrededor de 5.500 millones de personas no cuentan con la posibilidad de recibir analgésicos opioides, o ésta es muy escasa. Pacientes terminales de cáncer, de sida y parturientas son algunos de los grupos en los que estas restricciones impactan más negativamente. La Organización Mundial de la Salud calcula que decenas de millones de personas tienen que soportar un dolor evitable por esta falta de acceso.
Y el principal problema es el control que los países imponen a los opioides. Son políticas restrictivas destinadas a evitar que estos medicamentos se conviertan en drogas de recreo, algo que acaba perjudicando a quienes sufren dolor. Se trata sin embargo de un recelo injustificado, según algunos expertos, ya que, si miramos a los países occidentales, donde se concentra el mayor uso de los opioides con fines terapéuticos, vemos que el fraude no es un verdadero un problema. Tampoco lo es que sus usuarios se vuelvan adictos, como esgrimen algunos gobiernos; la evidencia dice que la probabilidad es de menos del 0,5%.
Los Gobiernos, de esta forma, priman la restricción para prevenir posibles usos inadecuados a las necesidades médicas de la población. Pero estas necesidades van más allá de paliar el dolor, ya que la morfina también ha demostrado ser el mejor aliado para los drogodependientes adictos a los opioides y evita a largo plazo la proliferación del sida y la hepatitis. Sin embargo, solo entre un 6% y un 12% de los toxicómanos recibe un tratamiento alternativo pese a sus beneficios, como señala el informe.
Algún país como Ucrania ha ampliado el uso de opioides como analgésicos. En la otra cara de la moneda, la GCDP pone malos ejemplos concretos: 150 de los 193 Estados reconocidos por la ONU no dejan a sus enfermos acceder a estos medicamentos o se lo pone muy difícil.
Por eso el informe del GCDP ha hecho 10 recomendaciones a la comunidad internacional para solucionar el problema. En resumen, son estas:
1.- Naciones Unidas debe aprovechar la sesión especial de la Asamblea General sobre drogas (2016) para concienciar sobre este problema y reducir la diferencia entre unos países y otros.
2.- Los países deben reconocer que tienen la obligación legal de asegurar el acceso a medicamentos controlados.
3.- La ONU y los Estados deben reconocer que las políticas sobre drogas están mal balanceadas, beneficiando las restricciones a las drogas de recreo en detrimento de las que tienden a evitar el dolor de los enfermos.
4.- Tratar las enfermedades físicas y mentales que necesiten opioides para disminuir el dolor debe ser una prioridad absoluta.
5.- Los Gobiernos deben dar suficiente financiación para asegurar el acceso a estos medicamentos.
6.- Se debe dar prioridad a expandir el espectro del tratamiento para la dependencia a los opioides.
7.- Los Gobiernos deben eliminar las barreras al acceso a los medicamentos controlados, dando más importancia al acercamiento desde el punto de vista de la salud y los derechos humanos que el de la justicia y seguridad.
8.- El Panel Internacional para el Control de Narcóticos (INCB) tiene que dar pasos más decididos en colaboración con los países para asegurar que se sigue la evidencia científica en cuestión de medicamentos controlados.
9.- La ONU y los Estados deben revisar las oportunidades perdidas en cuestión de uso médico de drogas, incluidas el cannabis.
10.- Las Naciones Unidas y la comunidad internacional no deben dejarse influir por ideologías a la hora de controlar el acceso a estos fármacos. Es tiempo de la acción